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Sabemos que para la propia existencia del Estado social y democrático, del que nos
beneficiamos todos los españoles mediante los servicios que presta, se necesitan muchos recursos
económicos para que estos mismos puedan llevarse a cabo, por lo que se puede llegar ha decir en
este sentido que sin dinero no hay estado y de acuerdo con el art. 31 de la Constitución, todos los
españoles contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica mediante un sistema tributario. Así pues, la función financiera del Estado es muy
importante ya que es la que permite mediante leyes establecer tributos de los cuales proceden los
fondos públicos para sufragar todos los gastos.
Particularmente, es en la esfera tributaria donde se desenvuelven las relaciones de los
ciudadanos con la Hacienda Pública que es la encargada de recaudar los recursos necesarios para la
buena marcha de la economía del país. Ante la posibilidad de que algunos ciudadanos lleven a cabo
estrategias dolosas para conseguir contribuir en menor medida o nada al sostenimiento del Estado,
surge desde éste, el deseo de tipificar ciertas conductas como punibles con la consiguiente
aplicación de penas privativas de libertad y multas. De este modo surgen dentro del ámbito penal
los delitos contra la Hacienda Pública y concretamente como es objeto de análisis en el presente
trabajo, el Delito Fiscal.
Este trabajo es una breve aproximación al fenómeno, ya consolidado desde mucho tiempo
atrás, conocido como delito de defraudación fiscal en el que se analiza de forma resumida casi la
totalidad de elementos que componen el mismo desde su origen y en particular, con especial
referencia a la configuración que ha adquirido el fraude fiscal tras la reforma del 2012, sin olvidar
comentarios doctrinales y jurisprudenciales sobre la misma. |
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