La Directiva (UE) 2015/2302, de 25 de noviembre relativa a los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados obliga a los Estados miembros a transponer aquella norma a más tardar el 1 de enero de 2018, siendo las normas de aplicación a partir del 1 de julio de 2018. Este es el mandato que hace expreso nuestro legislador con el Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Con él se pretenden adecuar los artículos 150 y siguientes de aquel texto normativo a las nuevas exigencias de la Directiva. Lo hace sin demasiada originalidad -obligado en parte por una Directiva de máximos- y siguiendo el patrón preestablecido. En este trabajo se realiza un análisis de los aspectos más destacados.