Medidas de apoyo: ¿en qué medida vincula la voluntad de la persona discapacitada?

Abstract

[spa] La entrada en vigor de la Ley 8/2021 1 ha supuesto un cambio de paradigma en el tratamiento jurídico de la discapacidad en España. El nuevo sistema ha sido justificado por el legislador en base a la necesidad de adecuación del ordenamiento español a lo dispuesto en la Convención y Protocolo Facultativo de Nueva York de 20062 , así como a las aclaraciones de la Observación General núm. 1 del 2014 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad3 . Tal y como se desprende tanto de los instrumentos internacionales como del Preámbulo de la Ley, las medidas de apoyo deben basarse en la voluntad y preferencias de la persona discapacitada. El principio de igualdad jurídica ante la Ley consagrado en el nuevo sistema debería impedir que se despoje de cualquier forma la capacidad jurídica o de obrar a las personas discapacitadas. Por ese motivo, se eliminan definitivamente las figuras de la modificación judicial de la capacidad y la tutela de las personas mayores de edad. La Ley 8/2021 parece prescindir también de la noción de capacidad de obrar, puesto que se limita a hablar de la capacidad jurídica y de su ejercicio. Una de las grandes incógnitas suscitadas es cuánto vincula la voluntad de la persona discapacitada respecto a las medidas de apoyo, e incluso si caben adoptarse si se rechazan frontalmente por la persona discapacitada.