Análisis de las medidas cautelares en los delitos de violencia de género

Abstract

[spa] Este trabajo pretende analizar el fenómeno de carácter social que afecta a la convivencia de las mujeres españolas y del mundo, siendo tema de sensibilidad en esta década, conocida como violencia de género. Una realidad que nos acecha día tras día a golpe de titular o primera plana en los medios de telecomunicación y que durante años se ocultó con el sobrenombre de “crímenes pasionales” que a través del habla popular hicieron referencia a todos esos ataques de celos con final de muerte como consecuencia de los arrebatos emocionales, principalmente de los varones producto de la alteración de la conciencia. El término crime passionnel 1 viene asociado a la historia del país galo que se utilizó para minorar las penas en caso de asesinato y que, hasta no hace tantos años, era habitual leerlo en la prensa escrita de nuestro país pretendiendo dar respuesta a ese tipo de muertes que hasta entonces no tenían calificativo. En este trabajo se contextualiza en cómo históricamente la sociedad a través de sus diferentes culturas, creencias, prejuicios, han marcado un retroceso significativo en derechos para ciertos colectivos ya de por sí debilitados por la dictadura posterior a la II República y cómo la proliferación, en la actualidad, de partidos extremistas han ayudado con su discurso del odio y retórica a mantener catalogadas a las mujeres como meras cosas. Sólo poniendo en valor cómo a lo largo de la historia se ha tratado a la mujer, podremos entender la necesidad imperiosa y urgente de la Unión Europea a la hora de reglar acerca de estos asuntos. A nivel nacional destaca, por novedosa e innovadora, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género (en adelante, LIVG) que promulgó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Partido Socialista Obrero Español. Se analizarán a través de datos objetivos recopilados a lo largo de los años, las estadísticas del Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer que nos darán una visión clara y latente del problema a tratar. Contrastando, finalmente, dos de las medidas cautelares personales como son la orden de alejamiento y la prisión provisional que pueden llegar a poner en jaque derechos fundamentales tales como la libertad o la presunción de inocencia del propio inculpado. La Ley aporta medidas cautelares como solución al peligro que necesariamente se deriva del paso del tiempo a la hora de tramitar un proceso, marcando (en el caso de las órdenes de alejamiento) a través de una distancia mínima por el Juez que el agresor deberá mantener con respecto a su víctima, creyendo que quizás esta medida pueda llegar a ser efectiva y, a la par, la menos perjudicial para el inculpado, sin tener en cuenta que las grietas del sistema de protección llegan, en efecto, a fallar y es el propio agresor el que decide no cumplirlas con consecuencias nefastas y efectos colaterales desastrosos. Por otro lado, la prisión provisional en los procesos por violencia de género pretende por encima de cualquier otro riesgo evitar, el que el investigado o encausado intente reiterar su actividad delictiva (pudiendo en esta ocasión llegar más allá que el maltrato o acoso), pero el sistema garantista pone encima de la mesa el deber estatal de protección de la libertad del ciudadano, usándose esta figura de manera muy excepcional y amparándose, en cualquier caso, en la presunción de inocencia. Sin embargo, no deberíamos olvidar y dejar de lado que, quizás exista o debería existir un derecho a la presunción de credibilidad de la víctima, mucho más si tenemos en cuenta los datos objetivos recogidos a lo largo de los años en las estadísticas de violencia de género, que nos aporta una información que debería hacernos actuar ante este tipo de sucesos que se han convertido de manera recurrente en el pan nuestro de cada día y como resultado, contrasta la realidad de la sociedad en la que vivimos y a la que pretendemos llegar.