En
el
presente
trabajo
se
intenta
realizar
una
aproximación
a
la
falta
de
entrega
de
la
documentación
requerida
legalmente
en
el
despido
colectivo
por
causas
económicas
como
motivo
de
nulidad
de
mismo.
Así,
en
primer
lugar,
he
considerado
conveniente
realizar
una
breve
descripción
de
cuál
es
la
regulación
legal
del
despido
colectivo
después
de
las
recientes
modificaciones
que
ha
sufrido
dicha
figura.
Siguiendo
en
esta
línea,
he
realizado
una
síntesis
sobre
cuáles
son
las
causas
justificativas
del
despido
colectivo,
centrándome
en
las
causas
económicas
que
son
las
que
interesan
al
objeto
de
este
trabajo.
Posteriormente,
he
expuesto
el
procedimiento
del
despido
colectivo.
Ya
en
el
cuarto
punto
del
trabajo
he
expuesto
cuál
es
la
documentación
que
se
debe
proporcionar
por
el
empresario
en
el
despido
colectivo
por
causas
económicas.
De
esta
forma,
me
ha
parecido
oportuno
dividir
en
tres
apartados
dicha
información:
la
documentación
que
se
debe
entregar
simultáneamente
a
la
autoridad
laboral
y
a
los
representantes
de
los
trabajadores,
la
documentación
que
se
debe
entregar
a
los
representantes
de
los
trabajadores
y
la
documentación
específica
para
la
autoridad
laboral.
Seguidamente
he
entrado
a
valorar
cuáles
son
las
causas
por
las
cuáles
se
puede
impugnar
el
despido
colectivo,
así
como
las
vías
establecidas
para
ello.
También
en
dicho
punto
he
hablado
sobre
la
eventual
impugnación
de
oficio
por
la
autoridad
laboral
y
de
la
legitimación
del
empresario
para
solicitar
que
se
declare
a
derecho
su
decisión
extintiva
colectiva.
Por
último,
he
realizado
una
exposición
sobre
la
declaración
de
nulidad
del
despido
colectivo
por
falta
de
entrega
de
la
documentación
requerida
por
el
empresario.
De
esta
forma,
he
intentado
establecer,
apoyándome
en
jurisprudencia
y
autores
reflejados
en
la
bibliografía,
cuáles
son
las
obligaciones
documentales
que
pueden
originar
que
el
despido
sea
nulo
al
no
cumplirse
la
obligación
de
proporcionarlos.
También
trataré
lo
que
hay
detrás
de
la
reforma,
es
decir,
la
libertad
que
otorga
al
empresario
la
ley
y
la
restricción
que
realizan
los
tribunales.