La reciente entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012 (RDL-16/2012) de 20 de
abril introduce cambios que afectan significativamente al derecho de la atención de la
salud, en las mujeres y hombres inmigrantes en situación irregular en España. La
implantación de las condiciones de asegurado y/o beneficiario, de acceso a la atención
de la salud sólo a través de los servicios de urgencias para este grupo de la población, y
la modificación de la cartera de servicios en la que es obligatorio el abono económico
en todas las carteras excepto en una, implica un cambio de modelo sanitario que rompe con la universalidad, la equidad y la gratuidad mantenida hasta antes del Decreto en España. El RDL-16/2012 limita el acceso a la atención de la salud en el SNS para este grupo, en diferentes condiciones que para el resto de la población, lo cual provoca una segregación de la población y cuya repercusión sanitaria, política y social puede ser
perjudicial.
Los datos obtenidos sobre los efectos del RDL-16/2012 indican la pérdida de derechos
en la atención de la salud de las mujeres y hombres inmigrantes en situación irregular, y también apuntan hacia un cambio en el uso de los recursos sanitarios y la frecuentación del SNS bajo la aceptación previa de la facturación por la atención. Así, las
organizaciones paralelas al SNS tienen un papel activo de asistencia y denuncia ante las irregularidades en la aplicación del Decreto y la defensa de un SNS que garantice la
cobertura total.