[spa] En la actualidad nos encontramos en un momento histórico clave en cuanto a la
defensa del medio ambiente. En plena emergencia climática y tratando de superar la
pandemia del COVID-19, desde la Unión Europea se están aunando esfuerzos para
cambiar nuestro modelo de sociedad por uno más sostenible con planes tan importantes
como el Green Deal, Pacto Verde Europeo.
España también está movilizándose en este sentido, en aras de contar con un
instrumento que constituya el marco en esta materia contamos con el Proyecto de Ley de
Cambio Climático y Transición Energética aprobado en el Congreso de los Diputados el
pasado mes de abril.
En la Comunidad Autónoma de las Illes Balears contamos con una Ley pionera
en Europa en materia medioambiental, de la que podemos sentirnos orgullosos, La Ley
8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears. Nuestra
Comunidad Autónoma es pionera en el ámbito medioambiental y, considerando que aún
queda mucho que hacer, no puede dejar de serlo.
Ante este contexto de innovación resulta imprescindible poner sobre la mesa
medidas concretas en materia medioambiental. Las AAPP, y en consecuencia el Derecho
Administrativo, tienen un papel crucial en lo que respecta a las propuestas en pro del
medio ambiente.
En el presente trabajo, nos centramos en el desarrollo de medidas positivas para
el fomento del medioambiente en dos ámbitos muy concretos: el entorno rural y la
transformación energética.
Parte de la lucha por preservar nuestro paisaje y nuestra diversidad pasa por
solucionar el tristísimo problema de la llamada “España vaciada” y los incendios que
4
azotan con fuerza nuestros bosques. Problemas cuya solución podría ir en algunos
aspectos unida, como veremos.
Por otro lado, y en línea con los objetivos del Green Deal, integrar las energías
renovables en nuestro día a día es una prioridad, generalizar el uso de vehículos
eléctricos también, de ahí las medidas que se proponen en esta materia.
Este trabajo tiene vocación de utilidad y eficacia, de ahí que para dotar de mayor
realismo y concreción a las medidas que lo componen, algunas se proponen
presuponiendo que se llevasen a cabo en la isla de Mallorca. A lo largo de este proyecto,
se tratarán cuestiones de capital importancia en derecho público y concretamente en
derecho administrativo, como son las relativas a las competencias y el funcionamiento
de las medidas de fomento.